¿Qué tienen en común la industria petrolera de Ecuador, la
biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el mercado hipotecario de Colombia y
los Tribunales de Cuentas de los estados y municipios brasileños?
La respuesta es que han sido beneficiados de proyectos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mejoran el acceso a la información
y la transparencia para promover un sector público más eficiente y menos
corrupto. La transparencia en las instituciones públicas como mecanismo para
hacer frente a los desafíos de la corrupción es uno de los temas de discusión
en la 15ª Conferencia Internacional Anti-Corrupción (IACC), que se realiza desde este martes en Brasilia... Más...
La corrupción es un problema grave que acecha al desarrollo
económico y social, y a la democracia en nuestra región. Casi la mitad de los
latinoamericanos creen que lo que le falta a la democracia es reducir la
corrupción. Un 44 por ciento han pagado sobornos para acelerar un trámite
público.
“La transparencia transforma la cultura burocrática al
introducir contrapesos para la discrecionalidad”, dijo Carlos Santiso, el jefe
de la División de la Capacidad Institucional del Estado del BID. ”Mejora la
eficiencia y disminuye las posibilidades de fraude y corrupción en la gestión
administrativa, al reducir pasos y trámites y maximizar el uso de nuevas
tecnologías”.
El BID tiene una cartera activa aprobada y en ejecución de
más de US$800 millones en préstamos para mejorar la gestión pública y ha otorgado
donaciones por aproximadamente US$70 millones. Esto significa que tiene
operaciones en 23 países, ofreciendo una amplia gama de instrumentos y
alternativas, desde una red de expertos hasta una óptica multidisciplinaria.
El trabajo del BID, en la promoción de instituciones que
operen con transparencia y rendición de cuentas, se ha enfocado en cinco áreas:
Transparencia focalizada, acceso a la información y gobierno
abierto; para lo cual el uso de la tecnología apalanca y potencializa los
esfuerzos, como fue el caso del diseño y aplicación de estándares de
transparencia en la información extractiva enEcuador.
El mejoramiento de instancias y procesos de control del
gobierno, incluyendo el rol fiscalizador del poder legislativo. El BID ha
trabajado con entidades fiscalizadoras en Chile, Guyana, Nicaragua y Haití, y
ha ayudado la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile para que pueda mejor
atender las consultas de legisladores y público en general.
La elaboración e implementación de políticas, estrategias y
planes de acción, como es el caso de un programa nacional de prevención y
control de la corrupción en El Salvador.
La promoción de una mayor participación de la sociedad civil
en proceso de rendición de cuentas, como es el caso del Ministerio de la Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción en Bolivia y el proyecto por US$40
millones para fortalecer los Tribunales de Cuentas de los estados y municipios
brasileños. Ambos incluyen componentes que ponen más información sobre gasto
público a disposición del ciudadano.
La realización de instrumentos de diagnóstico y metodologías
como el Indice para la Medición de la Institucionalidad contra la Corrupción
(IMIC) y la Metodología para el diagnóstico, prevención y control de la
corrupción en programas de seguridad ciudadana.
En varios casos, pequeños montos tienen grandes impactos,
como fue el caso en Haití. En el 2004, el BID realizó una donación por
US$500.000 para revisar el marco legal contra la corrupción, formular un plan
de acción para promover la transparencia pública y equipar una nueva Unidad de
Lucha Contra la Corrupción.
La nueva unidad ha investigado casos emblemáticos,
logrando la sanción de varios funcionarios y en algunos casos su encarcelación.
Ha recuperado millones de gourdes que eran desviados de programas de educación
y en instancias de la administración de seguros, entre otros ejemplos.
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